La perspectiva
histórica pudo arrojar algo de luz sobre tanta oscuridad que hubo ese verano.
Los veintiséis años que transcurrieron permiten vislumbrar los excesos
cometidos por los tres poderes del Estado y las fuerzas de seguridad. Hubo un
mensaje aleccionador delineado con balas bombas y sangre que ahí se sepultaban
los `70. Y por si no quedaba claro la Justicia lo rubricó al otorgar las mismas
las mismas penas. Tal es así que dos de los líderes del
movimiento, Roberto Felicetti y Claudia Acosta, fueron condenados a reclusión
por tiempo indeterminado y el resto de los que entraron al cuartel, a 25 años.
El fraile Antonio Puigjané, que no estuvo en el regimiento ni en sus
inmediaciones, recibió 20 años de pena por ser considerado parte de la “asociación
ilícita” que decidió el asalto. Los que estuvieron fuera del cuartel recibieron
penas de entre 10 y 15 años. A Felicetti y Acosta les aplicaron entonces la
misma condena que a los genocidas Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera en el
juicio a las Juntas, mientras que a Puigjané –cuya participación, a criterio de
muchos, no fue probada- se le aplicó una pena superior a la del genocida
Orlando Agosti, tercer miembro de la Junta militar.
Y esa cruenta
lección fue vista y transmitida en directo por las incipientes cadenas de
noticias locales, fotografiada por muchos reporteros gráficos y el público que
se acercó al lugar. Y para que nadie se perdiera nada, los militares se
encargaron de acercar los cuerpos de los atacantes muertos en el tiroteo o
torturados y fusilados hasta el
alambrado perimetral para luego prenderlos fuego.
Ese grupo suicida
y sectario que llegó fuera de tiempo a desequilibrar la paz y el orden
democrático pagó muy alta las consecuencias de sus actos y fue servil a las
altas esferas del poder. Si bien hoy se encuentran amnistiados desde mayo del
2003 el saldo de su aventura a destiempo fue muy alto.
A saber, La
Tablada dejó 13 sobrevivientes de los 46 que derribaron la puerta el 23 de
enero del 1989. Los militares y policías abatidos fueron 11. Hubo siete
personas que fueron detenidas fuera del regimiento y condenadas como
participes. Además se condenó a dos
integrantes prófugos que no habían entrado a los cuarteles. Y aún hay cuatro
atacantes desaparecidos.
Pero en la opinión pública no había lugar para
desaparecidos en democracia. La Justicia
argentina debía ser veloz y ejemplificadora. Tal es así que cinco meses
después del asalto al cuartel de La Tablada, el 20 de junio de 1989, los veinte
acusados por el ataque fueron llevados a juicio oral y público. Allí sólo se
juzgó la responsabilidad de los asaltantes, del grupo de apoyo externo y de la
conducción del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Las denuncias por
torturas, desapariciones y fusilamientos
que hicieron los guerrilleros no fueron tenidas en cuenta, es por eso
que el juez de instrucción Gerardo Larrambebere consideró que no había pruebas
suficientes.
Además de las
torturas las vejaciones comprobadas por los informes médicos oficiales, los
militantes del MTP fueron juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia, que
no admitía la revisión del proceso. Es por eso que la investigación cesó y se
consolidó la impunidad sobre las desapariciones en democracia de Francisco
Provenzano, Carlos Samojedny, José Díaz e Iván Ruiz.
El
periodista del canal TN y el diario Clarín, en aquellos tiempos de Página 12,
Ernesto Tenembaun cubrió juicio a los detenidos por Tablada.
Enrique Haroldo Gorriarán Merlo que no entró al regimiento fue secuestrado en México en 1995 y enjuiciado en 1997. Se lo condenó a prisión perpetua. Fue Indultado en mayo de 2003.
Ana María Sívori que no entró al regimiento fue detenida en Rosario en 1994 y enjuiciada junto con su esposo Gorriarán Merlo en 1997. Fue condenada a 18 años de prisión y también Indultada en 2003.
Los delitos
que se le imputaron fueron rebelión, asociación ilícita calificada, homicidios
reiterados, lesiones graves, usurpación, privación ilegítima calificada y robo
agravado.
Quién era
Enrique Haroldo Gorriarán Merlo
Participó de la fundación del PRT y en 1970 fue delegado en el congreso
fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).En ese congreso se lo designó como uno de los jefes militares y a Mario Roberto Santucho como Secretario General.
En agosto de 1972 logró fugar del penal de Rawson donde militantes peronistas y de izquierda estaban presos. La recaptura de muchos y su posterior fusilamiento se conoció como la Masacre de Trelew.
A fines de 1976 se fue a Nicaragua a sumarse a la guerrilla sandinista. Luego del triunfo de la revolución, organizó la inteligencia y el departamento de seguridad del Estado.
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